Igualdad para todos

Esta ultima semana se ha producido una reunión entre el Presidente de Gobierno y el Alcalde de Madrid para atender la petición de este segundo de evitar, en definitiva, que el Ayuntamiento de Madrid entre en un plan de saneamiento de deuda pública que le corresponde.

Esto supone saltarse unos cuantos criterios legales y políticos que desde el Gobierno Central no han decidido hacer, y por tanto, han denegado la solicitud. Las razones de la negativa se podrían analizar, pero no se va a utilizar este post para ello.

En vez de ello, vamos a poner el foco de atención sobre una frase del alcalde, que en resumidas cuentas dice que esta decisión la van a pagar las empresas proveedoras.

El Ayuntamiento de la ciudad de Madrid paga, actualmente, a sus proveedores, a once meses vistas desde la emisión de la factura, lo que puede suponer que, desde que se inició el trabajo, haya pasado más de año y medio de trabajo, pago de salarios, cotizaciones sociales e impuestos por parte de la empresa antes de recibir el pago del trabajo. Esto, directamente, es un desastre.

En primer lugar, impide la libre competencia, porque las únicos que se pueden permitir estas dilataciones en los pagos son aquellas empresas con una gran capacidad financiera, bien de refinanciación, bien de fondos propios.

En segundo lugar, afecta a la propia administración por dos vías. Una, al haber menos competencia, los precios suben y se puede llegar a producir un carter de facto. Dos, al pagar tan tarde, y aún a pesar de poder a llegar a tener garantía financiera, por parte del proveedor no se producen los descuentos que se podrían producir en un cliente no moroso.

Y en tercer lugar, es ilegal. Actualmente en España hay una ley que obliga a las administraciones a pagar en menos de 60 dias, a costa de que se carguen intereses de mora. Desgraciadamente, estos intereses de mora no compensan los intereses que cargan las líneas bancarias de descuentos de factura que tiene cualquier empresa que trabaja con la administración o con clientes de gran calado, que ojo, suponen bastante más de la mitad de la producción del país y que tiran del resto.

Y es que aquí no se produce igualdad. Si un ciudadano, jurídico o físico, deja de pagar sus impuestos o sus cotizaciones sociales, se les aplica unos recargos que pueden llegar al 25 %, además de llegar incluso a sanciones judiciales. Sin embargo, si desde la administración pública se retrasan pagos, primero, no es conveniente recurrirlo, ya que el recurso contencioso administrativo puede llegar a durar dos años y supone tener inmovilizado una gran cantidad de dinero (según ciertos datos, en España supone 6.000 millones de euros),  y segundo, si se recurre, el gestor público se cabreará y pondrá la proa a tu empresa, pudiendo quedarte sin un cliente más otros donde tenga influencia.

La ley que introduce el pago razonable en las administraciones es una buena ley, para parece interesante desarrollarla en dos vias más: una, que el interes de mora que paguen las administraciones se aproximen a los costes medios que cargan las líneas de descuento bancarias y dos, que los gestores que las incumplen de manera habitual sufran castigos de inhabilitación en la actuación pública.

Deuda española

Hace tiempo, desde que comenzo la crisis, que existe una fuerte presión sobre la deuda pública española, aumentando el diferencial existente entre el bono español y el alemán. Algunos analistas indican que probablemente sea esto causa de la poca confianza en que España pueda pagar esa deuda de una manera tan clara como otros países o que esta no aumente de manera muy alta en el futuro, de ahí la necesidad de hacer ciertas reformas para impulsar la confianza y la rebaja del diferencial, así como para asegurar la sostenibilidad del país. También esta es la causa del recorte del gasto público de las administraciones que hemos visto en los últimos tiempos.

Pero, planteemosnos una pregunta. ¿Y si las dudas sobre la deuda pública española no fuera causa del comportamiento de las administraciones si no una infección de la deuda privada de los españoles? Veamos el porque de esta teoria.

Cojamos un ciudadano medio español, ¿cuantos de ellos tienen unos niveles de deuda, en la actualidad, superior a sus ingresos anuales en más de dos o tres veces? Con una perspectiva económica de crecimientos bajos en el futuro, con una larga perspectiva de alto desempleo y por tanto ingresos reducidos, esa deuda evaluada en dos o tres veces los ingresos anuales, se multiplica a su vez por dos o por tres, ello sumado con un alto riesgo. Y que nadie se engañe, no hablamos de un pequeño porcentaje de deuda, sino que se debe, privadamente, el 100 % del PIB español. Y la situación de las empresas españolas, mayoritariamente PYMES, es muy similar.

Cualquier inversor internacional, ante esta perspectiva, no pondría en duda la realidad actual de las administraciones, pero logicamente pondría en duda la futura, no solamente por el problema de las pensiones, porque si el crecimiento a largo plazo es bajo, la deuda privada se volvera impagable y por tanto, la presión social hará que esta se asuma por el Estado, llegando a unos déficits terriblemente altos y una deuda futura de altos diferenciales y altos impuestos, con crecimientos aún más lentos. Un terrible circulo vicioso.

Parece que hay que fomentar una salida rápida a la crisis, creando empleo y procurando las condiciones reales de que la deuda de particulares se amortice de una manera más rápida, o por lo menos, se garantice su pago, así como no permitir que la financiación de la actividad de país no se base en una espiral de endeudamiento exterior. Medidas del impulso de la actividad, quizá incluso siendo atrevido y transformando deuda privada en deuda pública, ya que, aunque algunos les disguste, la garantía del Estado permite colocar esa deuda y en ocasiones, la privada es imposible, porque no ofrece garantía de continuidad y por tanto, de pago.

Como ya paso bajo la presidencia del inspirador de este blog, hay que hacer políticas desde el Gobierno que defiendan los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses creados o permanentes de ciertas minorias consolidadas.