Deseos para el 2011: mayor coherencia y responsabilidad

El año 2010 no ha sido un año bueno, como todos los años de transicción. Este ha sido un año donde la mitad de él hemos vivido con la influencia del 2009 y la otra mitad del año con el deseo de que llegara el 2011, donde se espera que algunas cosas mejoren.

Y aqui es donde nos gustaría detenernos. Esperamos que las cosas mejoren, pero en general, ¿qué hacemos para que lo hagan? Evidentemente, en la vida política hay un exceso de tacticismo y corto placismo que son los peores ingredientes para elaborar un plan de reformas serias, coherentes y continuadas que se debe integrar en el ADN del país. Y este modelo nos esta dando unos dirigentes que, en su gran mayoría, piensan que las reformas acaban el día que estas se publican en el Boletín Oficial de turno y que su trabajo ya está hecho. No hay hacedores de políticas, porque no se le dotan de medios y porque los ciudadanos no lo exigimos.

Y no lo exigimos porque nos hemos puesto en una posición de escepticismo negativo. No esperamos nada positivo de nuestras instituciones, por tanto no les exigimos, pero tampoco estamos dispuestos a arrimar el hombro de manera continuada. Somos capaces de ser generosos una vez al año con la ONG de turno, pero sin embargo, cualquier esfuerzo común vía impuestos, tasas o precios publicos.

Un ejemplo paradigmático de todo esto ha sido la reciente subida de la tárifa de la luz un 9,8 %. El Gobierno actuó tarde, gracias a decisiones cortoplacistas continuadas (nunca una subida es adecuada y mucho menos si no se fija un calendario de como se tiene que actualizar la tárifa), se comunica mal, se prepará peor y se intenta enlazar a una noticia que, en otros tiempos, hubiese supuesto un exito gubernamental de su política energetica (por primera vez, España experto de manera neta energía electrica a Francia gracias a las renovables y su peso en el mix energético). Y acabamos con las explicaciones de comparativas demagogicas entre subidas relativas y subidas absolutas.Mal el Gobierno.

Y mientras la oposición, culpable del modelo económico de costes energéticos planteados y que dilato las decisiones de actualización mientras era gobierno, se intenta apuntar el punto demagogico de que con ellos esto no pasaría. Es decir, a seguir haciendo más grande el agujero y no buscar soluciones hasta que la cosa se hunda. Mal precedente. Mal la oposición. Conclusión, mal la política.

Mal los ciudadanos. No pagamos lo que vale la energía que gastamos, y nos parece mal pagar por lo que cuestan las cosas. Queremos que nuestra competitividad se base sobre las espaldas de los costes de otros, que no suban las tárifas porque no podremos seguir gastando igual, en vez de pensar en gastar menos. Que los esfuerzos los hagan otros.

Mal la opinión publicada. La tárifa eléctrica paga, entre otras cosas, el déficit del carbón español y por tanto, a los trabajadores del sector, los cuales con tanto cariño han apoyado los medios de comunicación por lo complicado de su situación laboral a causa de un sector anti-económico y muy subvencionado. La tárifa eléctrica, su estabilidad y ajuste, paga las inversiones en modernización de la red y en la I+D en energías renovables y en el cambio del modelo productivo, como por ejemplo, el coche eléctrico.

Lo que nos enseña las crisis es que hay que pagar las cosas por lo que cuestan, con un beneficio razonable para todos los actores y que las explosiones exhuberantes, son desastrosas para la sostenibilidad del sistema. Por tanto, hemos de ser coherentes con nuestros modelos de sociedad y de ideología, buscando la sostenibilidad de los mismos y desechando la irresponsabilidad de dilatar las decisiones dificiles hacia el futuro, porque aunque lo supongamos lejano, a veces nos puede sorprender, y el futuro se transforme en el presente, devorándonos.  

Sinde y la economía sostenible

Hoy en el Congreso de los Diputados se va a intentar aprobar, en la Comisión de Economía, la Ley de Economía Sostenible (LES), un cajón desastre legislativo con el cual se pretendía, hace más de año y medio, comenzar a poner los cimientos del cambio de modelo productivo español.

Bueno, partiendo que hay cierto abuso por legislar lo que se ha de planificar y planificar lo que se ha de legislar, y de nuestro poco gusto por un modelo legislativo que consiste en coger un montón de leyes y modificarlas con otras leyes, haciendo aún más laberintico y corporativista el tejido legislativo español, y en nuestro humilde entender, yendo en sentido contrario a reducir las cargas administrativas, independientemente de estos males menores que se resolveran según vaya evolucionando la acción de gobierno, la idea de un cambio productivo y la puesta en común por todo el cuerpo legislativo, con posterior publicación en el BOE, es una muy buena iniciativa.

Pero el post de hoy quería incidir en una pequeña parte, que esta causando un gran revuelo, y que no dejaría de ser curioso sino fuera porque muestra una inquietante dosis de falta de información y de superficialidad que empieza a contaminar a gran número de temas en la sociedad actual.

La parte de la LES que regula el tema de las descargas plantea un procedimiento bastante razonable. Yo personalmente dudo de su eficacia, pero desde luego a mí me parece el más razonable para aplicar ciertas medidas contra los atentados a los derechos de propiedad intelectual. El planteamiento que se ha plasmado en la Ley, mediante el cual lo que se busca es perseguir a aquel que  comercia con unas obras que no son suyas, sea de manera directa (mediante suscripción) o indirecta (mediante publicidad), va a producir una rebaja en la existencia de estos sitios, siempre que los ISPs y los sitios de hosting colaboren con la Administración, puesto que si bien es cierto es que esto no asegura nada, puesto que sólo quedaran afectados aquellas páginas web con residencia en España (a ver como se persiguen las de las Islas Cayman u otras), esto implica el final de la impunidad.

Algunos protestan contra el procedimiento administrativo, exigiendo mayor seguridad por el procedimiento judicial, en aras de que atenta a la libertad de expresión. Entendemos que el procedimiento judicial se encuentra asegurado como proceso suplemantario al proceso administrativo. Simplificando, esto sería como si se decidiese que una multa no se podría ejecutar por el proceso administrativo y que al final se decidiese que se llevase siempre hasta el procedimiento judicial.

Por otro lado, entiendo que en el Reglamento Regulador debería existir un procedimiento que asegurase que las webs pudiesen suspenderse temporalmente, para que en dicho tiempo resolviesen aquellos problemas que con los derechos de propiedad intelectual pudieran tener, volviendo a operar libremente una vez resueltos, de igual manera que entiendo que debe existir un cierto procedimiento que pene la reiteración de incumplimiento.

En resumen, no se debia caer en penalizar al internauta (cosa que, afortunadamente y a diferencia de otros países de Europa, no ha ocurrido) y debía perseguirse al que se intenta lucrar con lo que no es suyo, traficando con productos de calidad pésima (cosa que hace la ley).

Independientemente de esto, la industria cultural haría bien en iniciar un proceso de reestructuración adaptandose en los medios digitales, innovando tecnológicamente y los gobiernos deberían buscar una regulación mundial para las comunicaciones, puesto que, si entre todos los paises somos capaces de ponernos de acuerdo en que un satélite no puede colocarse como y cuando uno quiera, ¿vamos a dejar que por la red circule todo el malware o cualquier otro paquete que en su interior contenga la semilla de la delincuencia en el nombre de la neutralidad de la red? Sinceramente, pensamos que no.

La inacabable modernización española

En la historia de España es recurrente el ejercicio desde muchos ámbitos, académicos, empresariales y políticos, de reflexión y propuesta de actuaciones para la necesaria modernización de España y de su modelo económico. En algunas ocasiones, con más o menos fortuna, se han ejecutado medidas que han supuesto avances. Pero sin embargo, el debate vuelve a surgir al cambio de un tiempo, con una visión de tiempo perdido, y de que no se ha terminado la modernización.

Sinceramente, creemos que ese es el principal problema: pensar que el proceso de modernización es un proceso que tiene un final, no un proceso dinámico y atemporal, que abarca más tiempo que la vida de los proponentes. España no es diferente en la modernización que el resto de los países, pero si lo es en la voluntad de la permanente realización de reformas y de la evaluación.

Debe ser el espiritu constante de mejora y de revisión el que debe guiar la evolución de la economía y la sociedad españolas. Por eso, el proceso de modernización española no se puede terminar nunca, puesto que España no se encuentra cerrada y aislada en un sistema sin influencias exteriores, sino que se encuentra en un sistema abierto, relacionado con el mundo, de manera que sus avances tienen influencia en el entorno cercano, tanto en su competitividad como en su evolución social.

Es momento de renunciar al individualismo y evolucionar hacia un modelo cooperativo, sin poner la esperanza en soluciones milagrosas y corto placistas. El proceso de modernización españaola es, como se dice en el titulo, un proceso inacabable, con constantes revisiones y avances, y mientras no se entienda esa atemporalidad intrinseca, podemos seguir gastando recursos en innovación cuando la economía florece, porque es la última moda, y ser austeros hasta la misería y la innanición de nuestra modernización cuando estamos en procesos recesivos, porque cuando no hay, es momento de ahorrar.

Sin la existencia de un relato de país que prescinda de personalismos y salvadores, que entienda el valor de la cooperación y el aprendizaje permanente, que comprenda que para mejorar hay que comparar y conocer soluciones y errores planteados por otros países, creando una red de contactos y sobre todo, con mucha humildad, sabiendo que no todos somos iguales, pero que sin embargo, debemos ayudarnos a optimizar nuestras potencialidades, sin la presencia de este relato, España seguira frustándose en la busqueda de soluciones mágicas que, en el mejor de los casos, darán respuesta a una generación.

Tocar la constitución

Estamos un trigesimo segundo aniversario de la Constitución, tan bueno como cualquier otro para recordar las muchas cosas buenas que ha supuesto para España y así mismo, también, para evaluarla y proponer mejoras en el texto.

Algunos diran que no es momento, dada la crisis que soportamos, de abrir otro frente nuevo como puede ser la reforma constitucional. A estos hemos de recordarles que la Constitución de 1978 fue aprobada en medio de un durisimo rebote de la crisis de 1973, con un país en una crisis económica tan dura como la actual, y que sin embargo, fue un ejemplo de acuerdo político en el sentido amplio, abarcando desde una nueva institucionalidad hasta un amplio abanico de derechos y ciertos principios de gestión económica compartida.

Por tanto, si se quiere, y en el légitimo debate democrático, se puede apostar por posiciones inmovilistas y de falta de perspectiva de futuro, pensando que aquello que se realizo en tan duras circunstancias, es díficil ser mejorado. Se puede apostar, pero desde este blog no se piensa así.

El futuro de la Constitución Española debe pasar por nuevos principios para un nuevo mundo diferente, una España que se ha desarrollado en estos últimos 32 años de una manera que los padres constitucionalistas no esperaban. Parece necesario y evidente que en el eje de la institucionalidad hay que pasar de la busqueda de la clarificación competencial a un refuerzo aún mayor en el fenomeno de la cooperación y gobernanza, institucionalizando cuales son las competencias exclusivas de cada administración, sí, como ocurre en la actualidad, pero fijando también cuales son compartidas y como se va a compartir este trabajo.

Otro principio que parece evidente, a raiz de la crisis que se ha larvado, es fijar el principio de transparencia y calidad de los datos públicos y de interés público. Fijar la transparencia de los datos de la economía general dentro de la constitución, desde luego puede ser mucho más fléxible que autoimponerse medidas tan rigidas y tan potencialmente prociclicas como la incapacidad de déficit del Estado.

Y finalmente, la Constitución debería contener dentro de su desarrollo un mecanismo de evaluación, labor que se podría encomendar al Tribunal Constitucional y al Consejo de Estado conjuntamente, de manera que cada cierto tiempo, se evaluase el cumplimiento de la misma, que artículos estan fuera de tiempo y cuales estan introduciendo rigideces innecesarias al bienestar de los españoles.

Igualdad para todos

Esta ultima semana se ha producido una reunión entre el Presidente de Gobierno y el Alcalde de Madrid para atender la petición de este segundo de evitar, en definitiva, que el Ayuntamiento de Madrid entre en un plan de saneamiento de deuda pública que le corresponde.

Esto supone saltarse unos cuantos criterios legales y políticos que desde el Gobierno Central no han decidido hacer, y por tanto, han denegado la solicitud. Las razones de la negativa se podrían analizar, pero no se va a utilizar este post para ello.

En vez de ello, vamos a poner el foco de atención sobre una frase del alcalde, que en resumidas cuentas dice que esta decisión la van a pagar las empresas proveedoras.

El Ayuntamiento de la ciudad de Madrid paga, actualmente, a sus proveedores, a once meses vistas desde la emisión de la factura, lo que puede suponer que, desde que se inició el trabajo, haya pasado más de año y medio de trabajo, pago de salarios, cotizaciones sociales e impuestos por parte de la empresa antes de recibir el pago del trabajo. Esto, directamente, es un desastre.

En primer lugar, impide la libre competencia, porque las únicos que se pueden permitir estas dilataciones en los pagos son aquellas empresas con una gran capacidad financiera, bien de refinanciación, bien de fondos propios.

En segundo lugar, afecta a la propia administración por dos vías. Una, al haber menos competencia, los precios suben y se puede llegar a producir un carter de facto. Dos, al pagar tan tarde, y aún a pesar de poder a llegar a tener garantía financiera, por parte del proveedor no se producen los descuentos que se podrían producir en un cliente no moroso.

Y en tercer lugar, es ilegal. Actualmente en España hay una ley que obliga a las administraciones a pagar en menos de 60 dias, a costa de que se carguen intereses de mora. Desgraciadamente, estos intereses de mora no compensan los intereses que cargan las líneas bancarias de descuentos de factura que tiene cualquier empresa que trabaja con la administración o con clientes de gran calado, que ojo, suponen bastante más de la mitad de la producción del país y que tiran del resto.

Y es que aquí no se produce igualdad. Si un ciudadano, jurídico o físico, deja de pagar sus impuestos o sus cotizaciones sociales, se les aplica unos recargos que pueden llegar al 25 %, además de llegar incluso a sanciones judiciales. Sin embargo, si desde la administración pública se retrasan pagos, primero, no es conveniente recurrirlo, ya que el recurso contencioso administrativo puede llegar a durar dos años y supone tener inmovilizado una gran cantidad de dinero (según ciertos datos, en España supone 6.000 millones de euros),  y segundo, si se recurre, el gestor público se cabreará y pondrá la proa a tu empresa, pudiendo quedarte sin un cliente más otros donde tenga influencia.

La ley que introduce el pago razonable en las administraciones es una buena ley, para parece interesante desarrollarla en dos vias más: una, que el interes de mora que paguen las administraciones se aproximen a los costes medios que cargan las líneas de descuento bancarias y dos, que los gestores que las incumplen de manera habitual sufran castigos de inhabilitación en la actuación pública.

Deuda española

Hace tiempo, desde que comenzo la crisis, que existe una fuerte presión sobre la deuda pública española, aumentando el diferencial existente entre el bono español y el alemán. Algunos analistas indican que probablemente sea esto causa de la poca confianza en que España pueda pagar esa deuda de una manera tan clara como otros países o que esta no aumente de manera muy alta en el futuro, de ahí la necesidad de hacer ciertas reformas para impulsar la confianza y la rebaja del diferencial, así como para asegurar la sostenibilidad del país. También esta es la causa del recorte del gasto público de las administraciones que hemos visto en los últimos tiempos.

Pero, planteemosnos una pregunta. ¿Y si las dudas sobre la deuda pública española no fuera causa del comportamiento de las administraciones si no una infección de la deuda privada de los españoles? Veamos el porque de esta teoria.

Cojamos un ciudadano medio español, ¿cuantos de ellos tienen unos niveles de deuda, en la actualidad, superior a sus ingresos anuales en más de dos o tres veces? Con una perspectiva económica de crecimientos bajos en el futuro, con una larga perspectiva de alto desempleo y por tanto ingresos reducidos, esa deuda evaluada en dos o tres veces los ingresos anuales, se multiplica a su vez por dos o por tres, ello sumado con un alto riesgo. Y que nadie se engañe, no hablamos de un pequeño porcentaje de deuda, sino que se debe, privadamente, el 100 % del PIB español. Y la situación de las empresas españolas, mayoritariamente PYMES, es muy similar.

Cualquier inversor internacional, ante esta perspectiva, no pondría en duda la realidad actual de las administraciones, pero logicamente pondría en duda la futura, no solamente por el problema de las pensiones, porque si el crecimiento a largo plazo es bajo, la deuda privada se volvera impagable y por tanto, la presión social hará que esta se asuma por el Estado, llegando a unos déficits terriblemente altos y una deuda futura de altos diferenciales y altos impuestos, con crecimientos aún más lentos. Un terrible circulo vicioso.

Parece que hay que fomentar una salida rápida a la crisis, creando empleo y procurando las condiciones reales de que la deuda de particulares se amortice de una manera más rápida, o por lo menos, se garantice su pago, así como no permitir que la financiación de la actividad de país no se base en una espiral de endeudamiento exterior. Medidas del impulso de la actividad, quizá incluso siendo atrevido y transformando deuda privada en deuda pública, ya que, aunque algunos les disguste, la garantía del Estado permite colocar esa deuda y en ocasiones, la privada es imposible, porque no ofrece garantía de continuidad y por tanto, de pago.

Como ya paso bajo la presidencia del inspirador de este blog, hay que hacer políticas desde el Gobierno que defiendan los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses creados o permanentes de ciertas minorias consolidadas.